RepúblicaFoto Marco Peláez
esde el 28 de noviembre del año pasado la comunidad tarahumara había advertido que se iban agotando sus reservas de comida y que los padres de familia estaban en desesperación extrema a causa de su impotencia frente al frío y la desnutrición. Carolina Valles, en nombre del asentamiento denominado El Oasis, había hecho la denuncia: Mucha gente no tiene que comer; como no llovió no hubo maíz ni frijol; hace meses tuvieron que matar a las chivas porque no había hierba que comieran; los burros y mulas se están muriendo, y todavía falta el invierno
. Ella, al igual que otros de sus compañeros, había cumplido con la rutina de ir a diversas dependencias de los gobiernos estatal y federal a presentar solicitudes de apoyo que fueron ignoradas.
Ya en aquella misma fecha –en http://bit.ly/tnWnnM se puede leer– se hablaba inequívocamente de suicidios por hambre. Fernando Soto Montes, quien preside una asociación católica denominada Santa María de los Niños, mencionaba que en la Tarahumara se vivía una situación peor que en algunos de los países africanos más pobres, y que ante la terrible crisis de los tarahumaras se había disparado el número de suicidios: No sabemos lo que está pasando, simplemente los hombres se paran en las barrancas y se arrojan, pensamos que es por la falta de comida
. Una brigada de Santa María de los Niños incluso reportó que en el municipio de Bocoyna se había topado con escenas conmovedoras: Los niños comen puro pinole con agua; en la mañana, tarde y noche, desde hace meses
. Información publicada en noviembre de 2011 bajo la firma de Luis Alonso Fierro.
En Haití, mientras, se anunciaba ayer un gesto generoso del ocupante del gobierno mexicano: 5 millones de dólares de donación para que en aquella nación se construyan mercados públicos. Felipe Calderón hizo los arreglos en Guatemala, adonde fue el sábado anterior para presenciar la toma de posesión de Otto Pérez Molina como presidente del vecino país. A pesar de la gran afinidad con el general en retiro que ofrece mano dura para enfrentar a la delincuencia, el visitante mexicano apenas pudo estar un cuarto de hora en la ceremonia formal (que se retrasó dos horas), pues debía regresar a toda prisa a Los Pinos, donde se celebraría la fiesta de 15 años de su hija mayor.
El gobierno de Chihuahua, encabezado por el priísta César Duarte, convertido en constante repetidor de que está haciendo tan buen gobierno que cada vez hay mejores cosas en los boletines de prensa que hace publicar, sí atendió de inmediato el asunto de los tarahumaras. En un comunicado que combina la política del avestruz con la épica del buen indígena resistente a todo, el otro Duarte (recuérdese que en Veracruz hay un mandatario con el mismo primer apellido) dice que son puras pamplinas los presuntos suicidios y establece premisas suficientes para en todo caso llevar a la cárcel a los difamadores de la egregia obra realizada por el César del Norte: Sólo el que no conoce la idiosincrasia de la raza tarahumara podría creer semejante versión. Su formación en la dureza de la sierra los hace hombres y mujeres con un temple a toda prueba. El gobierno de Chihuahua reprueba la injerencia de gente sin escrúpulos que miente y engaña a personas de buena fe con este tipo de falsa información
. Vaya cinismo institucional.
Pasando a otro terreno, Héctor Alejandro Quintanar Pérez, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, asegura que el 14 de enero del año pasado un grupo de policías federales irrumpió en su casa, con brutalidad, rompiendo incluso las macetas del patio, amenazando con armas largas e insultando a los habitantes hasta que se dieron cuenta de que habían entrado a la casa equivocada
, ante lo cual se retiraron sin decir palabra. Luego supieron que el comando iba en busca de los restos del hijo de la señora Isabel Miranda de Wallace, según eso enterrado en la casa contigua a la nuestra. Al poco tiempo vimos que quien encabezaba ese comando y daba órdenes tanto a los federales como a los policías ministeriales ¡era la señora Wallace!
Quintanar Pérez relata que el comando destrozó con un trascabo el patio de la casa vecina, y “en todo el tiempo que duró el operativo, entre 12 o 13 horas, la señora Wallace fue la encargada de dar órdenes a todos: policías federales, ministeriales, albañiles, operadores del trascabo, etcétera, usurpando así funciones de las autoridades y violando leyes”. Nada se encontró ni en el domicilio de Quintanar ni en el contiguo (éste no era un recinto de seguridad, como los agentes suponían, sino que estaba abandonado porque el dueño había muerto meses atrás), y cuando fue puesta una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “con fotos y video para documentarla, simplemente se nos notificó después que ese día la secretaría federal de seguridad pública no tenía registrada la realización de ningún operativo, con lo que denuncia y pruebas fueron mandadas a volar y todo quedó en la absoluta impunidad”.
El profesor universitario reflexiona: Es cierto que la búsqueda de justicia es una lucha necesaria, y la señora Wallace la ejerció como ciudadana un tiempo, pero cuando el poder le otorgó concesiones (pues, ¿dónde puedo yo conseguir a mis propios policías para darles órdenes y que me cuiden?) no le importó atropellar los derechos de terceros. ¿Qué pasará si gana y obtiene un margen de maniobra y poder mucho mayores? Desafortunadamente, de tanto juntarse con los belicistas calderónicos, la señora Wallace terminó adoptándoles las prácticas, y con ello perdió el rumbo de su legítima lucha ciudadana
.
Y, mientras las encuestas perredistas entraban en la zona envenenada de la descalificación temprana, a causa de la campaña de llamadas telefónicas para promover a Mancera mediante el uso de palabras en su favor pronunciadas por Andrés Manuel López Obrador, y del retiro abusivo de mantas y pancartas de Mancera y de Barrales, ¡hasta mañana, con Peña Nieto gozando del gran acarreo regiomontano!
.
.
.
A escondidas, CFE remplaza cableado; fuera del negocio de servicios digitales
Lunes 16 de enero de 2012, p. 2
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó cambiar el cableado de cobre de la red eléctrica nacional por conductores de aluminio, decisión que debilita y restringe la infraestuctura de la paraestatal y no le permitirá prestar el servicio del triple play (transmisión de señal de televisión, telefonía e Internet), por lo que este negocio –que genera más de 8 mil millones de pesos al año– quedará exclusivamente en manos de compañías privadas.
Así, la red eléctrica saqueada durante más de dos años por el robo del cableado de cobre por empresas contratistas y particulares, ahora también se ve afectada por la decisión de la CFE.
De noche, con lluvia o sin ésta, pretextando mantenimiento a la red, en camionetas con logos de la CFE o de plano de empresas contratistas, decenas de trabajadores llegan a diversas zonas del país a retirar cantidades no cuantificadas de cableado de cobre, dejando sin suministro eléctrico calles y zonas enteras, y después lo sustituyen por cable de aluminio.
Nada se sabe de los enormes rollos de material de cobre, cuyo precio de compra por kilo en los negocios de desechos industriales es de 100 pesos.
Ni en la página de la CFE ni en los discursos oficiales se habla de este tema. Sin embargo, el pasado 10 de octubre, en Veracruz, Lorenzo Piedra, representante de la paraestatal en esa entidad, informó de la sustitución de cableado en los municipios de Veracruz y Boca del Río, así como en algunas otras poblaciones, argumentando una alta incidencia de robo del material de cobre por su alto valor comercial.
Por órdenes de los directivos
En el Distrito Federal, a quienes reportan al 071 que hay trabajadores quitando los cables, los operadores de la CFE les confirman que es por órdenes de los directivos
, y dicen a los usuarios que pronto les pondrán su nuevo cable
.
Videos entregados a este diario muestran cómo son retirados cientos de metros de las líneas de cobre por parte de contratistas supuestamente al servicio de la CFE. Las imágenes incluso muestran cómo vigilantes y policías federales que tienen a su cargo el resguardo en instalaciones eléctricas públicas se llevan los rollos. La Jornada tuvo reportes de retiro del cableado de cobre en delegaciones como Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc, así como en los estados de Chiapas, Tamaulipas, Morelos, México y Puebla, entre otros.
Pero el gran negocio quedará para las empresas privadas que participan en el mercado del triple play, porque ese conductor permitiría a la CFE o a cualquier otra empresa pública similar, en un solo cable y a través de la acometida de energía eléctrica, dar los servicios de telefonía, transmisión de imagen e Internet, lo cual ya no se podrá ofrecer. Al retirar estas líneas se cancela la posibilidad de que el Estado ofrezca estos servicios baratos a la población.
En cambio, se abren las puertas para que las empresas privadas desarrollen redes para comercializar el triple play a través de la instalación de fibra óptica.
Las empresas de cable, para ofrecer este servicio triple, utilizan los postes de luz y no pagan lo que deberían por ese usufructo de la infraestructura pública; meten la fibra óptica, cobran discrecionalmente los servicios por paquetes
y muchas veces dañan la red de energía eléctrica y se pelean el mercado.
Según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre las concesiones recientemente otorgadas para operar triple play está la de WL Comunicaciones, propiedad de Ernesto Martens, ex secretario de Energía, y Fernando Canales, ex gobernador de Nuevo León, compañía que de inmediato inundó el Centro Histórico de la ciudad de México y zonas cercanas de instalaciones de fibra óptica para vender el servicio.
Asimismo existen solicitudes de grupos empresariales en espera de ser resueltas por la SCT para entrar al negocio.
Desde una empresa pública, como la CFE, se podría ofrecer el triple play. Por ejemplo: la empresa eléctrica estatal de Francia brinda este servicio en este momento con un solo cable, como ocurre en muchos otros países de Europa.
La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) señaló que “remplazar el cobre es quitar potencial a un organismo público descentralizado como la CFE o como Luz y Fuerza del Centro (LFC), para privilegiar a las empresas cableras, como Cablevisión –de Televisa–, Cablemás, Megacable y otras. Hoy se ven los tendederos que están poniendo de poste a poste, incluso fuera de norma y evadiendo los pagos que tienen que hacer por el uso de la infraestructura.
La sustitución tiene una implicación de daño patrimonial al Estado, porque es una infraestructura que se construyó con los impuestos de todos los mexicanos. Además el cable de cobre es técnicamente mejor conductor de electricidad. Se determinó su uso, por ejemplo, en el Distrito Federal, porque es una zona que tiene un alto índice de contaminación. Además ese metal evita que haya variaciones de voltaje en el suministro y una mejor calidad de conducción del fluido eléctrico
.
Por ello, precisamente, primero se está quitando el cableado de cobre en las zonas económicamente altas del país, que tienen poder adquisitivo y donde hay más posibilidad de negocio para las empresas privadas.
La Secretaría de Gobernación recibió una denuncia del SME, acompañada de grabaciones, fotografías, y documentos, sobre la sustitución de materiales y su impacto en los consumidores y usuarios.
En el mercado negro, constituido en su su mayoría por pequeños comercios que compran y venden materiales de desecho, una persona puede vender cobre sin dar explicaciones de su origen y obtener 100 pesos por cada kilogramo, en tanto el kilo de aluminio es adquirido entre 17 y 20 pesos.
En las instalaciones que operaba Luz y Fuerza, el saqueo de material no se restringió al cobre, sino también a herramientas, equipo, vehículos y hasta vestimenta. De todos estos productos se ha creado un mercado paralelo, donde incluso hay tianguis en que se pueden encontrar escaleras, medidores, portaherramientas, camisolas, guantes y cascos que pertenecían a LFC.
Venta ilícita a industrias
Otro mercado está en las industrias, donde se comercializan objetos más sofisticados, como transformadores y hasta postes.
Para muestra de los actos de corrupción en la paraestatal, basta un yate: el ex subdirector de Operaciones de la CFE, Néstor Moreno Díaz –ahora prófugo de la justicia por enriquecimiento ilícito y cohecho al haber recibido dinero y una embarcación a cambio de otorgar contratos de manera indebida a empresas nacionales y extranjeras– fue el encargado de recibir todo el patrimonio e infraestructura eléctrica de LFC, sin que se hiciera un inventario o se rindieran cuentas.
El daño patrimonial al país y a la red de distribución es incuantificable, debido a que el cobre ha sido sacado de los centros de trabajo en morrales o costales; ha sido hurtado de bajadas de los postes de luz, de instalaciones internas y externas, y ahora, con el programa de sustitución de la CFE, no existe información de cuántos metros lineales han sido cambiados ni qué se ha hecho con el material sustraído.
En el fondo de esta trama están los negocios millonarios que han surgido por estos mercados ilegales de cobre y el hecho de que, según expertos financieros, la industria del triple play está valuada en 30 mil millones de dólares y genera más de 8 mil millones de pesos al año en México, al disputarse más de 4 millones estimados de usuarios, de acuerdo con estimaciones de la SCT..
.
.
.
Con la asociación público-privada ganamos todos
, dice Calderón
Lunes 16 de enero de 2012, p. 5
Al promulgar ayer la Ley de Asociaciones Público-Privadas, el presidente Felipe Calderón sostuvo que con esta legislación ganamos todos
al permitir ampliar la inversión en infraestructura, y adelantó que habrá que pensar en nuevos espacios que permitan una mayor participación del sector privado en las áreas fundamentales de la economía del país
.
En la ceremonia realizada ayer en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal señaló que, por lo pronto
, la nueva legislación nos permitirá ir más rápido y a un paso más fuerte en la construcción del México próspero y seguro
que todos queremos.
El presidente Calderón reconoció al Congreso, a pesar del tiempo transcurrido, porque sé que esta iniciativa (enviada a los legisladores en 2009) tuvo que enfrentar una serie de prejuicios, de restricciones, de ideas inexactas, de intereses y de muchos absurdos
.
Así respondió el mandatario a las críticas que en su momento hicieron legisladores de oposición (PRD y PT), quienes afirmaron que la legislación impulsará la privatización y quita al Estado su responsabilidad como motor del desarrollo para convertirse en mero gestor y administrador de contratos para el sector privado.
El Ejecutivo federal insistió en que el nuevo marco legal va verdaderamente a detonar la infraestructura del país a un ritmo mucho mayor, además de que otorgará mayor seguridad y certeza jurídica al sector privado, a las empresas que quieran participar en proyectos de infraestructura complejos, los cuales requieren de largos periodos de maduración y de desarrollo
. Y también permitirá definir un adecuado régimen de distribución de riesgos entre los sectores público y privado, una de las áreas donde más debemos innovar en la regulación
.
Algunos instrumentos son poco flexibles: Meade
Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, dijo que si bien hoy ya se llevan a cabo esquemas de asociación entre el gobierno y los particulares para construir, mantener y operar infraestructura, así como para la prestación de servicios públicos, algunos instrumentos vigentes son poco flexibles en cuanto a la modificación de los proyectos y solución de controversias
.
Por tanto, agregó el funcionario federal, no ofrecen la certeza jurídica que requerimos las partes involucradas
.
Mediante el nuevo esquema, precisó, además de que se da certeza a inversionistas nacionales y extranjeros a través de mecanismos contractuales expresos de asociación entre el sector público y el sector privado, se evitan impugnaciones al proceso de licitación que no tengan sustento, privilegiando el inicio de ejecución de las obras de infraestructura que requiere el país
.
En entrevista posterior, el funcionario rechazó que el nuevo marco legal sea privatizador y destacó la necesidad de que apoye las concesiones hasta por 40 años, como forma de impulsar la infraestructura.
A su vez, el subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, aseguró que con este esquema la reducción de costos en los proyectos podría alcanzar hasta 15 por ciento.
Ante funcionarios del gabinete económico y representantes de colegios y asociaciones de ingenieros civiles, Calderón afirmó que en su gobierno la inversión en infraestructura pasó de 3 por ciento del PIB en el año 2000 a 5 por ciento, lo cual nos coloca por encima de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tienen un promedio de 3 por ciento
.
En este gobierno, sostuvo, hemos detonado, hasta el límite de nuestras posibilidades, el gasto de empresas, el gasto de inversionistas privados
.
El Presidente insistió finalmente en que el nuevo marco jurídico elimina restricciones que limitaban seriamente la capacidad operativa o la energía del sector privado
, y puso de ejemplo que ahora las empresas encargadas de realizar proyectos ejecutivos para el gobierno también podrán participar en la construcción del mismo, además de que permitirá liberar muchas restricciones, algunas provenientes de verdaderos mitos que impedían esta mezcla eficiente de recursos públicos y privados
, para destinar mayores recursos a la educación, seguridad y combate a la pobreza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario