Recursos de los contribuyentes por 889 mil 403 millones de pesos fueron destinados por la administración federal en los últimos tres lustros para hacer frente al costo del rescate del sistema financiero tras el colapso provocado por la crisis de 1995. Aun con tal transferencia, que duplica los actuales presupuestos anuales de salud o seguridad social, la deuda generada por el saneamiento de la banca es actualmente mayor a la cantidad que ya ha sido pagada, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la cuenta pública 2010.
La decisión del gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, asumida por las dos siguientes administraciones panistas, de rescatar con recursos fiscales al sistema bancario después de la devaluación de peso en diciembre de 2004 tuvo un costo para los contribuyentes mexicanos que actualmente equivale a 13.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), esto es, 1.7 billones (millones de millones) de pesos.
Se trata de una cantidad que, en términos comparativos, equivale a lo que el Estado mexicano gastaría en seis décadas –con base en el presupuesto ejercido el año pasado– en todos los programas públicos de combate a la pobreza, se desprende del informe de la ASF, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados y de los informes de la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas en 2011.
Para efectos del registro en las cuentas públicas, el costo del rescate bancario de 1995 se divide en dos partidas: una llamada Programas de apoyo a ahorradores de la banca
(PAAB) y la otra programa de apoyo a deudores de la banca
(PADB), que fueron los mecanismos a través de los cuales el gobierno transfirió recursos públicos, a través de la contratación de deuda, para capitalizar a la mayoría de los bancos que operaban en México en 1995 y cuyo capital fue afectado por la crisis financiera.
La ASF describe que en ese entonces el gobierno federal puso en práctica ambos programas para controlar los efectos negativos de la crisis de 1995: no permitir la quiebra de las instituciones de banca múltiple y salvaguardar los depósitos en el sistema bancario, ante la posibilidad de una quiebra sistémica generalizada, con motivo de las graves implicaciones que para el sistema nacional de pagos representaba la crisis financiera
.
No lo menciona el informe de la ASF, pero los bancos que fueron saneados con recursos públicos posteriormente fueron vendidos, en su mayoría, a firmas extranjeras que los recibieron saneados y en una posición que los ubica ahora como de las filiales más rentables de grupos financieros trasnacionales.
El informe menciona que el costo para los contribuyentes del PAAB, al cierre de 2010, ascendió a un billón 482 mil 667 millones de pesos, cantidad que representa 11.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). De esa suma, se han pagado, a valores nominales, 712 mil 703.1 millones de pesos y faltan por pagar otros 769 mil 963.8 millones de pesos.
Mientras tanto, el costo fiscal del PADB se situó al cierre de 2010 en 233 mil 400 millones de pesos, que representan 1.8 por ciento del PIB. De esa cantidad, se han pagado con recursos públicos 176 mil 700 millones de pesos y falta por cubrir otros 56 mil 700 millones de pesos.
En total, al 31 de diciembre de 2010, el costo fiscal del rescate bancario, que es la suma de los dos programas citados, ascendió a un billón 716 mil 67 millones de pesos, que representan 13.1 por ciento del PIB.
Del informe de la ASF se desprende que, por ambos programas, el fisco ha pagado 889 mil 403.1 millones de pesos y restan por pagar a los dueños de los pagarés de rescate bancario –instrumentos que forman parte del capital actual de las instituciones que participaron en el proceso de saneamiento– otros 826 mil 663.8 millones de pesos.
En 2011, el gasto público federal en salud fue de 399 mil 469 millones de pesos, mientras que el destinado a seguridad social fue de 387 mil 103 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para financiar los programas de superación de la pobreza fueron canalizados en 2011 recursos públicos por 295 mil 202 millones de pesos, cantidad que multiplicada por 58 veces equivale al costo para las finanzas públicas del rescate bancario de 1995.
.
.
.
Los dejaron morir; queremos justicia
, claman deudos de reclusos en Honduras
Tegucigalpa, 16 de febrero. Justicia es lo que queremos, los guardias los dejaron morir
, grita Angelina Raudales frente a la morgue de Tegucigalpa, a la espera del cuerpo de su esposo, uno de los 355 reos que murieron atrapados la madrugada del miércoles por el fuego en el penal de Comayagua, en el centro de Honduras, según las últimas cifras dadas por las autoridades.
¿Cómo va a creer usted que se van a morir más de 350 personas así como así? Es porque los dejaron morir, no aparecían las llaves de las celdas
, dijo la mujer, de 62 años, junto a cientos de personas que, angustiadas, esperaban la entrega de los féretros.
El cuerpo de su esposo José Adrián, de 60 años, quien esperaba desde hace seis meses sentencia acusado de homicidio, llegó a la morgue de Tegucigalpa en una bolsa negra esta madrugada, cuando concluyó el traslado de los 355 cadáveres en tres contenedores refrigerados desde la prisión de Comayagua, 90 kilómetros al norte de la capital.
Melvin Duarte, vocero de la Fiscalía General, declaró que en total murieron en el incendio 355 reos. Esa es la totalidad traída desde el centro penal. Ya no quedan más allá. Anoche ingresaron 115 cadáveres y en la madrugada 238, más dos que fallecieron en el Hospital Escuela, suman 355 los ingresados
a la morgue, explicó.
Así, la cifra proporcionada por las autoridades fue corregida ya que anoche medios de prensa llegaron a mencionar que habían muerto más de 370 reclusos.
En la morgue, médicos forenses de Honduras, apoyados por expertos internacionales, realizaban la identificación de restos calcinados. Al respecto, Duarte dijo que también se les practicará la autopsia, y que uno de los fallecidos en el hospital ya fue plenamente identificado y entregado a los familiares.
Según sobrevivientes, el fuego se inició cerca de la medianoche del martes en la celda 6. Las autoridades investigan como posibles causas las versiones de un cortocircuito o de que un reo incendió de manera intencional un colchón, así como denuncias de negligencia contra las autoridades y guardias del penal.
¿Dónde estaban los guardias que tenían las llaves? Nosotros pagamos sus salarios a esos haraganes, vagabundos, para que ahora nos paguen con esto
, dijo Angelina. A su lado, Gladys Oviedo, de 40 años, quien andaba en busca del cuerpo de su hermano Augusto, un año menor, pidió que se haga una investigación pero que no escondan la verdad
.
“Un amigo, al que le dicen El Chino –uno de los reos que sobrevivió–, dijo que mi marido ya había salido, pero los guardias le pegaron un tiro y luego lo fueron a tirar a las llamas”, aseveró Yadira Hernández, cuyo esposo estaba acusado de homicidio.
Si los guardias hubieran abierto los portones no hubieran muerto, aquí hay mano criminal; las autoridades no son competentes
, denunció Rosa Cáseres, cuyo marido purgaba desde hacía cinco años una condena por secuestro. Deja tres niños chiquitos y a veces no tengo qué darles de comer
.
Las autoridades policiales rechazaron que haya habido negligencia, pese a que algunos bomberos admitieron que los guardias de la prisión tardaron en abrirles los portones cuando ardían las celdas del penal, que albergaba a 852 personas, el doble de su capacidad.
Cientos de parientes llegaron a Comayagua desde diversos puntos del país en cuanto se enteraron de la tragedia, ahí recibieron ayuda del gobierno para transportarse a la capital. Fueron alojados en albergues improvisados en el Instituto de Formación Profesional (Infop).
En tiendas de campaña, instaladas por la Cruz Roja y la estatal Comisión Permanente de Contingencias, empleados del Ministerio Público recibían de los familiares información acerca de nombres y características físicas de las víctimas.
En medio del dolor y la incertidumbre de no saber cuándo les entregarán los cuerpos, los familiares formaban largas filas en los puestos improvisados para recibir alimentos y esperar.
En Comayagua, fiscales, policías y bomberos –con cubrebocas para soportar el olor de la descomposición de los cuerpos– trabajaban en lo que quedó de la cárcel incendiada en la recolección de indicios del siniestro y atención de los más de 400 sobrevivientes.
Escapan seis presos
El responsable interino del penal, Dani Rodríguez, informó que seis presos se fugaron durante el incendio, entre ellos dos que podrían ser extranjeros. En total había cuatro extranjeros recluidos, de los cuales dos fallecieron y fueron identificados como Walter Javier Paz Calderón, mexicano, y Evenor Martínez García, salvadoreño.
En tanto, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) denunció que una fuga planificada
pudo haber causado el incendio. Citando a un sobreviviente no identificado, dijo que 85 reos pagaron unos 4 mil 468 dólares cada uno para escapar, y pidió que se revisen las cuentas bancarias del director del penal.
Mientras, Estados Unidos, Chile y El Salvador enviaron peritos forenses para colaborar con las autoridades hondureñas en la identificación de las víctimas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, ofreció ayuda para solventar los problemas penitenciarios del país centroamericano..
No hay comentarios:
Publicar un comentario