Jornada 10.02.2012

Crimen organizado, seria amenaza para la seguridad interior: Galván

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, advirtió que en las actuales circunstancias que vive el país es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada, ya que la interferencia de la delincuencia organizada en la seguridad y desarrollo de todos nos está generando intrincados momentos. El militar reconoció que el crimen organizado es un grave fenómeno delictivo de dimensión cultural, sociológica y trasnacional.

Orador único en la ceremonia por el 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que se realizó en el Castillo de Chapultepec, el divisionario señaló que en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado, despojando a la población de sus bienes y tranquilidad y generando un clima de violencia inusitado. Ante esas circunstancias, dijo, es evidente que en aquéllas latitudes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado.

Asimismo, hizo un nuevo y respetuoso llamado al Congreso a reformar las leyes –pendientes de ser aprobadas– en materia de seguridad, con el fin de custodiar mejor a la comunidad y preservar la integridad y prestigio del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado.

Galván insistió en que los militares han dialogado con todos los sectores, absolutamente con todos, sobre las bases jurídicas y sociales que sustentan la Ley de Seguridad Nacional y el nuevo Código de Procedimientos Penales Federales, los cuales, pese al interés del alto mando castrense, no han obtenido el consenso necesario en el Congreso para ser aprobados.

Luego de afirmar que es necesario enfrentar la amenaza que representa el crimen organizado con toda la fuerza del Estado, y que la actuación del presidente Felipe Calderón desde el inicio de su administración para atacar ese fenómeno ha sido responsable y valerosa, el general secretario señaló que las fuerzas políticas y sociales, convencidas de la magnitud y espesura del flagelo, gradualmente suman su apoyo y esfuerzo a este empeño.

Con este exhorto a la unidad nacional, Galván Galván sostuvo ante el presidente Calderón y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, que “también es lealtad proponer y solicitar respetuosamente reformas al marco legal vigente.

Nuestros interlocutores lo saben y lo confirmo en esta tribuna. No se trata de arrogarnos privilegio alguno ni desempeñar funciones que no nos corresponden. La fuerza armada, dijo el militar a los presentes, es leal a los intereses supremos del país y respeta las leyes, los reglamentos y las jurisprudencias.

En este entorno asimétrico y frágil en el que cumplimos nuestras misiones para salvaguardar a nuestros compatriotas, sus hogares, fuentes de trabajo y sitios de sana convivencia, privilegiamos el respeto a los derechos humanos.

Admitió que han habido errores, desde luego que sí. Reconocerlo es lealtad, como lo es aceptar las recomendaciones que haga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es lealtad a las víctimas y a sus familias sancionar a los infractores comprobados y reparar el daño causado, subrayó.

Sin embargo, precisó que también es un acto de lealtad al soldado investigar a fondo y discernir aquellos casos tendenciosos que buscan desprestigiar a la institución armada y desviar la acción de la justicia en favor de los delincuentes.

En recuerdo de la Marcha de la Lealtad, Galván Galván dijo que ésta permitió que Francisco I. Madero mantuviera la investidura presidencial en medio de turbulentos apremios, codicias y traiciones. Y conmemorar este gesto de lealtad es fundamental en estos tiempos donde sociedad y gobierno se ubican ante nuevos, complejos y cada vez más demandantes desafíos.

Luego de entregar reconocimientos a soldados que se han destacado en el combate al narcotráfico, cuyos nombres no se mencionaron por razones de seguridad, el presidente Calderón emuló la acción de Madero, del 9 de febrero de 1913, cuando a caballo fue escoltado por cadetes del Heroico Colegio Militar desde el Castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional.

Esta vez, al concluir la ceremonia, el Ejecutivo federal montó un caballo blanco tordillo de nombre Honrado y bajó del Castillo de Chapultepec arropado por un puñado de cadetes que lo acompañó hasta la puerta de la residencia oficial de Los Pinos.

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Incauta el Ejército más de 15 toneladas de metanfetaminas en Tlajomulco de Zúñiga

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron ayer más de 15 toneladas de metanfetaminas con un valor en el mercado negro de 58 mil millones de pesos. El decomiso se realizó en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, conurbado a Guadalajara.

Gilberto Hernández Andreu, comandante de la XV Zona Militar, calificó el decomiso de histórico, pues se trata de la mayor cantidad de metanfetamina decomisada en un solo acto en México. Con lo incautado se podrían haber suministrado 13 millones de dosis.

Según un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitido por la agencia Xinhua, la droga confiscada equivale a la mitad de todos los decomisos de metanfetaminas realizados a escala mundial en 2009.

Hernández Andreu explicó que el hallazgo tuvo lugar en el rancho Villarreal, de la delegación Buena Vista, en Tlajomulco de Zúñiga, luego de una inspección realizada por tropas de tierra gracias a una llamada anónima. En la operación no hubo detenidos.

Detalló que “son más de 15 mil kilos de metanfetaminas, 5 kilos de la droga conocida como crystal, 4 mil 575 litros de sustancias químicas, 2 mil 400 kilogramos de sosa caústica y 20 kilogramos de amoniaco”.

Equipamiento sofisticado

La finca, en la cual las autoridades castrenses estiman que trabajaban unas diez personas, estaba dotada con un moderno equipamiento que incluía 15 reactores metálicos, 12 tanques de gas, 9 cilindros de oxígeno y 9 termostatos, entre otros implementos.

En lo que va del año, la milicia ha desmantelado siete narcolaboratorios en Jalisco, tres de ellos en Tlajomulco de Zúñiga. Según estimaciones de la Sedena, cada kilo de las metanfetaminas decomisadas tendría un valor de unos 300 mil pesos y hasta 35 mil dólares en Estados Unidos.

El decomiso ocurre en momentos en que la oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha advertido que los cárteles están dando un giro hacia la producción de drogas sintéticas, al parecer más atractivas para los criminales como negocio que la cocaína.

El delegado de dicha oficina de la ONU en Guadalajara, Antonio Mazzitelli, advirtió sobre la posibilidad de un negocio ilícito en expansión. La producción a gran escala podría sugerir una expansión, un intento de varios grupos mexicanos, yo diría que el de mayor orientación empresarial, por llegar a los mercados de América Latina y Asia.

Desde 2006 el Ejército ha desmantelado 646 laboratorios de drogas sintéticas y decomisado más de 45 toneladas de metanfetaminas, según un informe militar difundido a comienzos del presente mes.

Por otra parte, autoridades policiacas de Nuevo León presentaron a diez supuestos integrantes del cártel de Los Zetas, quienes tendrían relación con al menos 30 asesinatos, entre ellos los de 11 clientes del bar La Eternidad, quienes fueron levantados del negocio y después ejecutados el 26 de enero, porque supuestamente fueron sorprendidos cuando consumían droga distribuida por un cártel rival.

Asimismo, la mañana de este jueves en Monterrey, un grupo de pistoleros que se desplazaba en dos vehículos bajaron de un camión urbano a tres pasajeros y les dispararon. Dos murieron y el tercero resultó gravemente herido. Además, en el municipio de Escobedo desconocidos ultimaron a tiros a dos sujetos.

En tanto, familiares de los 175 agentes de tránsito de la ciudad de Monterrey detenidos el miércoles por militares para practicarles exámenes de control de confianza bloquearon durante una hora la avenida Gonzalitos, frente a la Agencia Estatal de Investigaciones, para exigir información sobre los oficiales.

Concluyeron la protesta cuando las autoridades les informaron que los uniformados no han sido maltratados, y que ya se encuentran en la Academia Estatal de Ciencias Penales.

Finalmente, corporaciones de seguridad documentaron este jueves la muerte de 16 personas en hechos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada: 11 en Chihuahua, tres en el estado de México y una en Sinaloa y Jalisco, respectivamente.

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Pide Carstens usar reservas para elevar cuota al FMI

El gobernador del Banco de México (BdeM), Agustín Carstens, se reunió ayer en el Senado con la fracción del PAN y les pidió aprobar el incremento a la cuota de México al Fondo Monetario Internacional (FMI) para quedar en 8 mil 912.7 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a 14 mil 37 millones 700 mil dólares.

Actualmente el país paga al FMI una cuota de 3 mil 635.7 millones de DEG, y se propone que aporte una cantidad adicional de 5 mil 287 millones de DEG. De aprobarse la solicitud que hizo el Ejecutivo a la Cámara de Senadores desde el 14 de diciembre pasado, el 25 por ciento del incremento de la cuota se pagará en DEG o moneda libre, y el 75 por ciento restante en moneda nacional.

El senador panista y presidente de la Comisión de Hacienda, José Isabel Trejo, detalló que el gobernador del Banco de México les informó que no se utilizarán recursos fiscales para cubrir el aumento de la cuota al FMI; es decir, la Secretaría de Hacienda no aporta nada; se hará uso de la reserva del BdeM, pero siguen siendo del banco aunque entren a la bolsa del FMI.

No alcanza para ayudar a Europa

Trejo abundó que el gobernador del BdeM les refirió que el FMI no ajusta con los recursos que tiene para que en determinado momento enfrente una quiebra, o un colapso financiero europeo.

Al término del encuentro de la fracción panista con Carstens, Trejo señaló que senadores del blanquiazul cuestionaron al gobernador del BdeM la posición de que países en vías de desarrollo estén subsidiando a las economías desarrolladas, como son la mayoría de las economías de Europa y de Estados Unidos.

Carstens, de acuerdo con Trejo, explicó que “el FMI está principalmente para ayudar a los países que están en problemas, pero no solamente, sino países como México que pudieran en determinado momento tener un impacto del colapso financiero internacional.

Es como una cooperativa de aportaciones de todos los países, más de 190, y no es para subsidiar a países desarrollados a costa de las aportaciones de los países subdesarrollados, como el caso de México que está en vías de desarrollo, y es uno de los tres países, de los más de 190, que está teniendo un trato preferencial de un crédito de 75 mil millones de dólares sin condicionamientos.

Carstens dijo que la crisis de Europa es realmente fuerte, si los europeos no alcanzan a encontrar una solución, por supuesto que nos afectará, no estamos exentos.

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Apoyo de víctimas de dictaduras de América Latina

Víctimas y familiares de desaparecidos de las dictaduras de Argentina, Chile y Guatemala deploraron ayer, por separado, la sentencia contra Baltasar Garzón.

Las Madres de Plaza de Mayo anunciaron en Buenos Aires que impugnarán ante la Corte Europea de Derechos Humanos la inhabilitación por 11 años que la justicia española dictó contra el juez en el caso Gürtel.

En Santiago, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos afirmó que la condena al juez Garzón daña a las organizaciones de derechos humanos e implica un retroceso en cuanto a la investigación de crímenes de lesa humanidad.

Desde Guatemala, el director del Grupo de Apoyo Mutuo, Mario Polanco, aseguró que las acciones emprendidas contra Garzón siempre fueron interpretadas por la organización humanitaria como una represión de grupos franquistas, y un intento para que otros jueces desistan de esclarecer los abusos de la dictadura de Francisco Franco.

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Llegan a Lima marchistas que se oponen al proyecto minero Conga

Lima, 9 de febrero. Centenares de pobladores de varias regiones de Perú llegaron este jueves a Lima en la denominada marcha nacional del agua para protestar contra el proyecto minero Conga, del gigante estadunidense Newmont, después de un recorrido de cerca de 900 kilómetros que comenzó el pasado primero de febrero en Cajamarca, informaron los organizadores.

El proyecto aurífero Conga, que prevé una inversión de 4 mil 800 millones de dólares, fue suspendido por la empresa Yanacocha –formada por la estadunidense Newmont y la peruana Buenaventura– en noviembre a pedido del gobierno ante protestas de la población de Cajamarca, que teme que el proyecto afecte a las cabeceras de las cuencas de la región, donde nacen sus fuentes de agua.

Para despejar las dudas, el gobierno de Ollanta Humala anunció en enero pasado que ha designado a tres expertos internacionales para evaluar el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, que fue hecho por la propia empresa.

Durante su recorrido por las calles de Lima, los manifestantes contra la puesta en marcha del proyecto portaban carteles en lo que podía leer No a la contaminación, ¡Conga no va!, El agua no se vende, el agua se defiende.

Uno de los organizadores de la marcha, Marco Arana, declaró a los medios de comunicación peruanos e internacionales que nos oponemos al proyecto por sus características tecnológicas, ubicación y porque tiene un pésimo estudio de impacto ambiental.

Lamentó que no hayan tenido contacto con representantes de gobierno del presidente Humala, que ha criticado la marcha de protesta por considerarla politizada por grupos izquierdistas.

Los manifestantes esperan ser recibidos este viernes por el Congreso y las autoridades del gobierno peruano, a quienes reclaman dos proyectos de ley para declarar intangibles las cabeceras de las cuencas y prohibir la utilización de mercurio y cianuro durante las operaciones mineras a tajo abierto.

La marcha nacional del agua comenzó en Laguna Cortada, que se encuentra a 4 mil metros de altitud, uno de los cuatro lagos que serán secados por la Newmont para extraer oro y cobre en Conga. En compensación, la minera trasvasará el agua a otra zona donde construirá lagunas artificiales.

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Se rinden al ejército 200 policías amotinados en el Congreso del estado brasileño de Bahía

Salvador de Bahía, 9 de febrero. Al menos 200 policías que se declararon en huelga el 31 de enero pasado en reclamo de un aumento salarial, desocuparon este jueves la Asamblea Legislativa del estado de Bahía, en el noreste del país, donde estuvieron amotinados durante nueve días y sitiados por tropas del ejército desde el lunes pasado.

Cerca de la medianoche, la policía civil, la policía militar y los bomberos del estado de Río de Janeiro se declararan en huelga por tiempo indefinido, insatisfechos por el alza salarial decretada por las autoridades estatales, lo que agrava los conflictos de los cuerpos de seguridad pública en las sedes del Mundial de Futbol 2014.

El líder de los paristas de Bahía, Marco Prisco, y otros 11 dirigentes de la protesta fueron arrestados tras de que los uniformados se rindieron ante los soldados.

El dirigente policial es destacado miembro del opositor Partido Sociademócrata Brasileño, mientras que el Partido de los Trabajadores gobierna a escala nacional así como en el estado de Bahía.

Aunque los policías cedieron ante la presión del ejército y entregaron el recinto legislativo del estado, hubo versiones contradictorias acerca de si continuará la huelga de los uniformados.

Ricardo Amando de Quirinos, uno de los policías que ocupó el palacio legislativo, pero no fue aprehendido, dijo que los uniformados de Bahía seguirán en huelga porque la sociedad no puede abandonar sus derechos.

No obstante, una fuente del gobierno estatal dijo que la gobernación entiende que la huelga acabó, aunque la decisión debe ser formalizada. Los policías demandan un incremento salarial de 6.5 por ciento y la creación de un servicio policial de carrera.

La huelga atrajo la atención del gobierno federal en Brasilia y ha sido uno de los asuntos principales de los medios brasileños durante la última semana, debido a que la inactividad policial desató una ola de violencia que dejó un saldo de 120 muertos, el doble de lo habitual en Salvador, la tercera ciudad en importancia de Brasil.

Por su parte, la presidenta Dilma Rousseff rechazó hoy la posibilidad de conceder una amnistía para los líderes de la protesta policial, quienes están acusados de ser responsables del aumento en los niveles delictivos en Salvador.

Si hay manifestación no debe haber condena, pero los actos ilícitos no pueden ser amnistiados, porque este país pierde entonces sus reglas, dijo la mandataria.

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Nuevo triunfo de la Coalición de Trabajadores de Immokalee

Nueva York, 9 febrero. La Coalición de Trabajadores de Immokalee, gremio que agrupa a más de 4 mil jornaleros de los campos de jitomate de Florida, se anotó otro triunfo nacional al lograr que la empresa de supermercados Trader Joe’s acordara firmar un acuerdo de cooperación para mejorar las condiciones laborales de los obreros, anunciaron ambas partes.

Después de una intensa campaña nacional apoyada por estudiantes, religiosos, activistas de comida justa y otros por todo el país, la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés) logró que la empresa con sus 367 tiendas en todo Estados Unidos aceptara un acuerdo para trabajar con el gremio y los cultivadores de jitomate en Florida en su Programa de Comida Justa, que incluye la aplicación de una serie de normas laborales desarrolladas entre la CIW, algunos cultivadores y empresas de alimentos, con un incremento en el precio del producto para permitir una mejora de los salarios de los trabajadores, en su mayoría inmigrantes mexicanos y caribeños.

“Estamos verdaderamente contentos hoy por dar la bienvenida a Trader Joe’s al Programa de Comida Justa”, comentó Gerardo Reyes de la CIW, y señaló que la empresa tiene una reputación pública por su imagen de prácticas comerciales éticas y de responsabilidad social, y que con este acuerdo reafirma ese compromiso.

La CIW ha encabezado una de las luchas sociales nacionales más efectivas desde una esquina rural en Florida, centro de la industria del jitomate en este país. Durante los últimos años, después de arduas campañas nacionales en coordinación con otros sectores sociales, logró obtener acuerdos con McDonald’s, Burger King, Taco Bell y Whole Foods, entre otras.

Sus esfuerzos han contado con el apoyo de organizaciones religiosas, estudiantiles y sindicales, y han sido reconocidos por agrupaciones de derechos humanos internacionales y por el apoyo del ex presidente Jimmy Carter, la familia Kennedy y algunas de las figuras importantes del mundo de la gastronomía, desde el movimiento de slow food hasta el famoso autor de libros de recetas y columnista del New York Times, Mark Bittman.

A la vez, la CIW ha asistido al Departamento de Justicia federal en la fiscalización de unas seis operaciones agrarias en Florida con condiciones legalmente definidas como esclavitud, logrando la liberación de más de mil trabajadores. Con estas campañas ha promovido reformas de condiciones laborales en los campos.

A finales de 2010, la CIW y la asociación de cultivadores de jitomate de Florida lograron un acuerdo sin precedente, en donde los principios de comida justa promovidos por el gremio –que incluyen incrementos salariales, código de conducta, sistema de resolución de quejas y programas de salud y seguridad– se extendió a 90 por ciento de la industria del jitomate del estado, principal proveedor nacional de ese producto.

La organización democrática está conformada por inmigrantes mexicanos, indígenas mayas y haitianos, y empezó a organizar los campos en 1993. Para mayor información: www.ciw-online.org.

Sin un respiro, como es su costumbre, la CIW continúa con su campaña para presionar a otras empresas, sobre todo las grandes cadenas de supermercados, para someterlas a estos acuerdos, y su objetivo inmediato es la gigantesca cadena Publix.

Así, en medio de la ola antimigrante y antilaboral que amenaza a este país, la CIW continúa anotándose estos triunfos.

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Debaten diputados proliferación de cesáreas

La proliferación de operaciones cesáreas en el país, propiciadas por el interés económico de hospitales y médicos, se encuentra a debate en la Cámara de Diputados, donde el pleno congeló una reforma a la Ley General de Salud que pretende regular dichas intervenciones quirúrgicas, pues se han convertido en el método más usado para el nacimiento de niños en el país.

La propuesta de reforma al artículo 62 bis de la Ley General de Salud pretende que la operación cesárea únicamente sea efectuada cuando exista causa médica que la justifique, y su práctica deberá sujetarse a las disposiciones de carácter general que para el efecto emita la Secretaría de Salud, las cuales tendrán que publicarse en el Diario Oficial de la Federación”.

La iniciativa fue rechazada por los grupos parlamentarios del PAN y PRD con el argumento de que se estaría violando un derecho fundamental de las mujeres, el de la elección.

Ariel Gómez, legislador perredista –de quien no se olvida que se expresó de manera despectiva y racista de los haitianos afectados por el terremoto de 2010 como negros abusivos, a los que habría que marcar con tinta blanca una vez que recibieran la ayuda internacional–, argumentó que de aprobarse la reglamentación de las cesáreas en la República, se podría estar violando el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Incluso llegó a proponer en tribuna que la reforma al artículo 62 bis fuera redactada con los siguientes lineamientos:

La operación cesárea será efectuada cuando exista causa médica que la justifique, y en todo momento la madre deberá estar siendo informada de dicho procedimiento.

Al hacerse eco de esa posición, Laura Elena Estrada (PAN) sostuvo que cuando las mujeres acuden a un alumbramiento van acompañadas de familiares y serían ellos los que decidirían la cesárea en caso de estar en riesgo la vida de la madre o del bebé.

Con estas propuestas de cambio al contenido de la iniciativa, ésta regresó a la Comisión de Salud para que los legisladores elaboren una nueva redacción.

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Luis Javier Garrido y la rebelión estudiantil

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ntre los recuerdos de Luis Javier Garrido que las páginas de La Jornada albergaron en estos días tengo en mi memoria uno ya lejano, sí que vívido y duradero: su presencia en el Congreso Universitario de 1990, resultado éste de la rebelión estudiantil de 1987 en la UNAM, que hace unos días reseñó un suplemento de este periódico.

Luis Javier, serio como siempre, con una sonrisa que se le escapaba por un costado de la boca y sus ojos abiertos que te miraban de frente y te consideraban de perfil, participó en los debates de la Comisión Uno del congreso, aquella que debía discutir y presentar un proyecto de resolución sobre El futuro de la UNAM. Él formaba parte de un conjunto de delegados elegidos por aquellos profesores e investigadores que compartían posiciones y visiones con los delegados del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en discusión y divergencia con otros tantos o más, afines a la visión institucional de la Universidad y a la propuesta del rector Jorge Carpizo en su documento Fortaleza y debilidad de la UNAM.

(Extraño congreso: allí encontré, para mi gran sorpresa agradecida, al doctor Raúl Cervantes Ahumada, jurista, uno de los primeros visitantes que en 1966, más de 20 años antes, había venido a verme en la cárcel de Lecumberri para informar a mi padre, su colega y amigo en Buenos Aires, cómo estaba su hijo en ese lugar que fue mi domicilio en los seis años siguientes; y también para extender con su presencia una simbólica mano protectora mexicana sobre ese preso. Subí de dos en dos los escalones de la sala del congreso hasta su asiento y lo abracé conmovido).

En los debates de esa comisión, el maestro Eduardo Nicol propuso –y se aprobó– elaborar para el congreso un documento sobre los principios de la UNAM que fuera imagen de su presente y visión de su futuro. Se debatieron dos propuestas, una por cada bloque. Después de extensos debates y vistas las coincidencias sobre el tema, se acordó elaborar un documento único de la comisión. ¿Pero sobre cuál de las dos propuestas como base?

Votación y, por supuesto, empate entre ambos bloques. Tocaba desempatar al presidente, el doctor José Laguna, figura histórica de la Facultad de Medicina y representante destacado del bloque institucional. El doctor Laguna, hombre ecuánime que en los tiempos muertos de las largas discusiones del plenario del congreso me había hablado de Shakespeare y de episodios de su vida académica y no académica –por ejemplo, supe entonces que su padre había sido panadero–, nos miró a todos, consideró la situación y desempató con su voto: el documento base tenía que ser el nuestro, el de los delegados afines al CEU.

Me sorprendió, pero no tanto. Descubrí que en el fondo no habría yo esperado de ese gran señor severo, culto, conversador e irónico, a quien apenas allí había conocido, otra cosa sino que votara conforme a su conciencia. Otros, sus más cercanos, se sorprendieron más que yo. Y en ambos bandos algunos ni cuenta se dieron, como siempre; y otros, también como siempre, colocados ante lo que para su universo mental resultaba inexplicable, pensaron que se trataba de una conspiración, sin que les resultara claro de quiénes, contra quiénes y para quiénes.

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Ante el pleno del congreso, para explicar la decisión sobre el tema, subió a la tribuna Luis Javier Garrido, respetado por todos. La argumentó con su estilo severo y el congreso designó un grupo de trabajo plural para elaborar un proyecto de declaración. Iba éste a ser votado como cierre en la última sesión plenaria.

En ese grupo estuvieron ocho congresistas: Luis Javier Garrido, Arturo Bonilla, Pablo Pascual Moncayo, Marcos Kaplan, Claudia Aguilar, Rosario Uribe, Raymundo Ramos y Adolfo Gilly. (Kaplan y Moncayo se fueron hace un tiempo, Luis Javier y Arturo Bonilla en estos inicios del año 2012). Por fin, llegado el grupo de trabajo a un texto de acuerdo, fue designado el doctor José Laguna presidente de la Comisión Uno sobre El futuro de la UNAM, como el encargado de presentar ante el congreso el documento.

Así lo hizo el doctor, bigotes blancos y pronunciación clara y conmovida, en la última sesión plenaria: se le veía contento del resultado obtenido. Concluida la lectura, votación; y –nueva sorpresa en la cajita de sorpresas del congreso– el bloque institucional votó en contra, desautorizó a sus representantes en la comisión y dejó colgado de la brocha al doctor José Laguna. Qué habría sucedido en las altas esferas externas al congreso que seguían de cerca sus debates, es tema para otras conjeturas.

La Declaración de principios de la UNAM, que así se llamó el documento en cuya redacción Luis Javier Garrido puso su trabajo, sus ideas y su modo apasionado de exponerlas, quedó para la historia. Pero quedó, y sigue siendo actual.

En su recuerdo aquí la reproduzco, pues habiendo seguido su trayectoria intelectual sé que hoy Luis Javier volvería a defenderla con la misma pasión ante cualquier auditorio y en cualquier congreso; y sé también que, palabras más, frases menos, eso que entonces parecía audacia se ha vuelto en la UNAM sentido común.

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La declaración decía así:

La Universidad Nacional Autónoma de México es una comunidad de cultura integrada por profesores e investigadores, estudiantes y trabajadores. Tiene como tareas primordiales la enseñanza, el estudio y la investigación de las humanidades y las artes, la ciencia y la técnica, y la difusión más amplia de los beneficios de la cultura, con el propósito fundamental de servir a la sociedad mexicana y a la humanidad.

La UNAM funda su existencia en la cultura universal, con sus contenidos y valores, y en el proceso histórico de la nación mexicana y de los pueblos latinoamericanos. Sus rasgos se han definido en las luchas sociales de varias generaciones.

Institución pública de educación superior, autónoma frente al Estado por mandato constitucional y libre en consecuencia para organizarse de acuerdo con sus fines y naturaleza, la Universidad Nacional adopta para su vida interna formas de gobierno fundadas en la pluralidad y en la libre discusión de las ideas. En la organización interna de la UNAM, las instancias administrativas han de estar al servicio de la academia; las autoridades deberán ser representantes legítimos de la comunidad universitaria, y los órganos de gobierno, tanto a nivel central como local, han de guardar un equilibrio entre sí que impida la concentración de atribuciones.

La autonomía, conquista histórica y principio ético y legal, es condición esencial de la existencia de la Universidad Nacional de México. La autonomía se entiende como el derecho de la UNAM para gobernarse a sí misma al determinar su propia organización académica y administrativa, elegir sus autoridades, ejercer su actividad creadora y docente, y definir su desarrollo conforme a procesos propios de planeación y libre administración de recursos. Para la Universidad Nacional, la autonomía no tiene más límite que el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada.

La Universidad, definida en su proyecto histórico como institución de la sociedad, plural y democrática, es el espacio por excelencia para analizar y debatir todas las corrientes de pensamiento sin que la Universidad misma se identifique con ninguna de ellas. Al mismo tiempo, como entidad pública asume el compromiso de extender los beneficios de la educación y la cultura al mayor número posible de mexicanos.

La UNAM, institución fundamental en la educación mexicana que aspira a su articulación en un sistema nacional de educación superior, debe dedicarse de manera prioritaria al estudio de la realidad de México y en particular de sus grandes problemas. Será también factor determinante para preservar la identidad nacional. La Universidad impulsará el desarrollo de la ciencia, la técnica, las artes y las humanidades para contribuir a la vida plena del país dentro de la universalidad del conocimiento, a la superación de rezagos acumulados y al fortalecimiento de la independencia nacional.

La búsqueda de la calidad académica es una constante en las actividades de la Universidad Nacional. Para ello debe contar con mecanismos de evaluación interna, permanentes y rigurosos. La Universidad debe ser siempre evaluada por la propia sociedad, con la cual tiene un compromiso insoslayable.

La Universidad Nacional, al educar a las nuevas generaciones y difundir el saber, contribuye a crear premisas para la igualdad y la democracia.

Principios fundamentales del trabajo universitario son la búsqueda de la verdad; las libertades de estudio, de cátedra, de investigación, de confrontación de las ideas y de crítica, y el rechazo de toda forma de discriminación.

Son condiciones de la vida universitaria la tolerancia, el respeto y la solidaridad; y sus ideales, la justicia, la paz y la libertad.

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Ahora que otra vez hemos entrado en tiempos de propuestas, programas y promesas, esos ideales que Luis Javier Garrido y sus compañeros dibujaban como horizonte nuestro: la justicia, la paz y la libertad, han adquirido, todos lo sabemos, apremiante actualidad. Más aún cuando los malquerientes de esa UNAM de entonces siguen siendo aquellos que a ésta de hoy malquieren y hasta su indoamericano escudo cambiarían.

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La asociación México-Estados Unidos contra la trata de personas

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ingún país es inmune a la trata de personas, y todos los gobiernos tienen una responsabilidad de prevenirla, de proteger a las víctimas y castigar a los responsables. Es por eso que los Estados Unidos enfocan sus esfuerzos en confrontar este crimen dentro de sus fronteras y asociarse con gobiernos alrededor del mundo para buscar erradicar esta esclavitud moderna.

Como embajador de los Estados Unidos en México espero con ansias poder seguir trabajando con el gobierno y con la sociedad civil de México para continuar avanzando en esta batalla. Al tiempo que reiteramos la importancia de este tema como parte de nuestra política exterior, tenemos optimismo por lo que ya se ha logrado, incluyendo la aprobación de reformas constitucionales en contra de la trata de personas en México, así como esfuerzos llevados a cabo por la sociedad civil y los medios para apoyar y destacar las medidas contra la trata.

Tan sólo el año pasado, la secretaria de Estado Hillary Clinton reconoció a la procuradora general de la República, Marisela Morales, como Mujer Internacional de Valor, en parte por su tenaz compromiso de luchar contra la trata de personas. La secretaria Clinton también reconoció a la ex subprocuradora de Justicia del DF Dilcya García como una heroína en la lucha contra la trata de personas, por llevar casos contra más de 100 presuntos tratantes y lograr la primera sentencia en México por trata de personas en 2009.

Las agencias de procuración de justicia de México y Estados Unidos están trabajando juntas para detener a los criminales que buscan comerciar con personas a escala internacional. Y mi gobierno ha otorgado apoyo a organizaciones de la sociedad civil y a dependencias gubernamentales en México para enfrentar esta forma moderna de esclavitud.

Para continuar concientizando al público sobre lo que se puede hacer para prevenir la trata humana, la embajada de los Estados Unidos patrocinó tres talleres esta semana en el estado de México, Tlaxcala y Oaxaca para fortalecer la capacidad del personal responsable de asistencia a víctimas, y para apoyar iniciativas para mejorar esquemas de identificación, protección y reintegración de las víctimas de todo tipo de violencia, en particular de la trata. Sarah Jakiel, directora del Proyecto Polaris en Washington, DC, sobre protección y asistencia a las víctimas de trata, fue uno de los expertos internacionales que dirigieron estos talleres.

Más tarde este mes, la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Procesal Internacional del Departamento de Justicia (OPDAT) auspiciará un programa de tres días sobre desarrollo de capacidades para personal de procuración de justicia, ministerios públicos y representantes de organizaciones no gubernamentales que fungen en México como la primera respuesta de esta continua lucha contra la trata de personas. Tras este programa, esta oficina conducirá una serie de sesiones mensuales de asesoría para investigadores y ministerios públicos dedicados a la investigación y al proceso de este delito trasnacional.

Cerca de 130 países han promulgado leyes contra la trata consistentes con el Protocolo de Palermo, que estableció el paradigma orientado a la víctima de las tres P –prevención, protección y proceso judicial– como un modelo para la lucha contra la trata. Deberíamos agregar a estas tres P la A de alianza, particularmente alianzas entre los gobiernos, que seguirán impulsando el movimiento global contra este flagelo.

Tales alianzas nos permitirán a nosotros y a otros gobiernos compartir innovaciones y prácticas prometedoras que están teniendo éxito para detener a los tratantes y proteger a los sobrevivientes. Éstas permiten la cooperación de rastrear la trata trasnacional desde su origen hasta su destino, y de desmantelar a los perpetradores tanto en los países emisores como en los receptores. Al tiempo que los gobiernos trabajan para detener estos crímenes dentro de sus propias fronteras, las alianzas pueden mejorar el flujo de información y promover un entendimiento más honesto e integral de esta esclavitud moderna, conocimiento que se ve reflejado en las descripciones del Reporte Anual sobre Trata de Personas publicado por el gobierno de los Estados Unidos.

El reporte, que el Congreso de los Estados Unidos requiere por ley, evalúa a casi todos los gobiernos en el mundo, incluyendo a los mismos Estados Unidos, en sus progresos en la lucha contra la trata de personas, con base en una serie de estándares que generalmente son consistentes con el marco para el combate a la trata establecido en el Protocolo de Palermo. Mientras algunos gobiernos alcanzan estos estándares y otros no, lo que finalmente nos dice el reporte es que todos los gobiernos, incluyendo a los Estados Unidos, deben hacer más.

Al trabajar para fortalecer nuestra propia habilidad de afrontar este reto, los Estados Unidos están dispuestos a trabajar aún más estrechamente con México y con otros gobiernos alrededor del mundo para castigar a aquellos que se han aprovechado y abusado de los más vulnerables, y para hacer realidad la promesa de libertad para todos los que han sido victimizados.

* Embajador de Estados Unidos. Artículo de opinión exclusivo para La Jornada

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La tierra, el agua y la resistencia

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o que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.

La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.

Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.

En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.

En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.

Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.

Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.

Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.

En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.

La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.

La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una estrategia desestabilizadora contra el gobierno de Lugo y que en su interior está primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria.

En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los carperos es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.

La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una una derrota catastrófica en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.

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Rarámuris, Wirikuta y los acuerdos de San Andrés Larráinzar

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os pueblos indígenas de la sierra Tarahumara y los huicholes que defienden el sitio sagrado del pueblo wixárika, donde abundan la plata y el oro en el subsuelo de Wirikiuta, sobreviven entre el hambre y la riqueza de los recursos naturales de sus tierras y territorios, concesionados a compañías mineras trasnacionales, principalmente.

Ante noticias acerca de la hambruna que existe en la sierra Tarahumara y la información de casos de suicidio, la sociedad mexicana se movilizó en forma solidaria para brindar ayuda humanitaria a los miles de indígenas rarámuris, odamis, tepehuanes, pimas y warijoos que habitan en ese lugar.

Las televisoras no podían dejar pasar la ocasión para presumir su filantropía y mandar unas cuantas limosnas, acompañadas de la respectiva publicidad, donde se enfatice el alma bondadosa de los caritativos medios electrónicos del país. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿por qué tanta pobreza en una región tan próspera económicamente?

El estado de Chihuahua cuenta con una gran cantidad de reservas minerales, es el segundo productor nacional de oro y plata en México. La mitad del territorio del estado, alrededor de 12 millones y medio de hectáreas, ha sido concesionado por el gobierno federal a consorcios mineros privados, principalmente canadienses. Del año 2006 al 2010, el valor de la producción minera en el estado ascendió a la cantidad de 84 mil millones de pesos, de cuyo monto no se beneficiaron ni las comunidades ni las finanzas del estado ni del país.

Las dueñas de las concesiones mineras en la sierra Tarahumara son empresas canadienses y del Grupo México, el mismo de la tragedia de Pasta de Conchos en Coahuila. Estas empresas sólo pagan un ridículo impuesto –si es que así se pudiera llamar– de cinco pesos por hectárea. Las empresas facturan en su país de origen, eluden el pago de impuestos en México, tienen proyecciones que indican el ascenso de sus utilidades, y en contrapartida los poseedores originarios de las tierras y territorios se están muriendo de hambre, y cada día se agudizan sus condiciones de miseria y desigualdad.

Frente a esta injusticia, cuyo origen radica en un modelo desigual y un trato inequitativo del Estado mexicano para con los pueblos indígenas del país, los protectores de los consorcios extranjeros, tanto los que tienen a su alcance concesiones en los medios electrónicos, cuyos servicios son contratados para evitar cualquier cuestionamiento de fondo, recurren al viejo expediente de la lástima, la caridad y la limosna, pero evaden abordar el tema de la hambruna de los habitantes de la Tarahumara como una expresión directa de la negación de sus derechos, ligados indisolublemente al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde se aborda el tema de los recursos naturales ubicados en las tierras y territorios de los pueblos indígenas mexicanos y el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público, que les permitirían a éstas el establecimiento de una correlación de fuerzas diferente frente a las compañías privadas, nacionales y extranjeras, mediante la cual las condiciones de negociación y distribución de la riqueza que se extrae del subsuelo nacional serían otras muy diferentes y mucho menos desiguales.

Otro caso similar es el que viven los pueblos wixaritari, quienes sufren el despojo y el desplazamiento de sus lugares de origen debido al otorgamiento de concesiones mineras a empresas canadienses del centro ceremonial de Wirikuta, con una extensión de más de 140 mil hectáreas, donde existen grandes cantidades de riquezas minerales, que contrastan con la miseria de los poseedores originales de dichas tierras.

A pesar de haberse firmado el pacto de Huauxa Manaka entre cinco gobernadores y el gobierno federal, el 28 de abril de 2008, donde se le aseguraba a los huicholes la preservación de los lugares sagrados, las rutas de peregrinaje y sus recursos naturales, y teniendo como antecedente el hecho de que México es signatario del Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a realizar procesos de consulta con los pueblos indígenas para realizar cualquier acción en sus comunidades, fueron argumentos insuficientes para que el gobierno federal entregara 35 concesiones mineras a empresas canadienses sobre un sitio natural sagrado considerado por la UNESCO y que es el santuario más importante de los indígenas huicholes.

El dramatismo que hoy vemos en la Tarahumara y en muchos lugares del país, por los efectos de la hambruna y el despojo de las tierras indígenas, es inversamente proporcional a la campaña infame en donde el gobierno de Ernesto Zedillo para justificar el incumplimiento de lo pactado en San Andrés Larráinzar acusaba a los indígenas mexicanos de querer balcanizar al país y de crear un Estado dentro de otro Estado. Cuánta infamia y cuánto lodo se lanzó en contra de nuestros pueblos originarios, tratando de hacerlos parecer como verdaderos monstruos, cuando hoy vemos cómo los indígenas se están muriendo de hambre.

Frente a esta realidad, no puede ni debe haber olvido: la sociedad mexicana debe movilizarse, las ahora llamadas izquierdas deben entender que no todo es la aspiración por un cargo cueste lo que cueste y atropelle a quien atropelle, y diseñar esquemas de lucha para defender estas causas, como lo hacían las viejas organizaciones políticas de la izquierda cuando éstas ni siquiera registro tenían.

Por ello, hoy más que nunca, se requiere un relanzamiento de un movimiento nacional, desde todos los frentes, todos los estados, todos los pueblos y todas las organizaciones, para exigir el cumplimiento irrestricto de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, en los términos pactados entre el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996. Esa es la única forma de detener el saqueo nacional y las injustas condiciones de vida a las que el Estado mexicano ha condenado a los pueblos indígenas de México.